"Quienes gestionamos las políticas públicas sabemos que el encierro y la cárcel por sí solos no resuelven el problema; es necesario trabajar en la inclusión social y en la rehabilitación"

• Uruguay tiene un Observatorio Nacional de drogas instalado, ya con más de 20 años de funcionamiento, ¿de qué forma cree que COPOLAD ha ayudado a su desarrollo?

Nuestro Observatorio dispone de un caudal de producción de investigaciones muy importante, no solamente de las mediciones más tradicionales de las distintas prevalencias, de la oferta de tratamiento o de estudios sobre encuestas poblacionales específicas como población estudiantil en enseñanza media, sino que ha adoptado en los últimos diez años una serie de nuevas metodologías, más allá de lo estadístico, incorporando una visión antropológica, cultural, sobre el fenómeno del consumo, apuntando a investigar sobre poblaciones ocultas, como la población carcelaria o en situación de calle y usuarios de cocaína fumables. En ese trayecto de diversificación hemos intentando acompasar la dinámica del fenómeno del consumo de las drogas, que es muy cambiante, y que ha adquirido características particulares en el siglo XXI, y eso ha sido un desafío importante. COPOLAD nos ha permitido integrarnos con el resto de los Observatorios de la región, y quizá por nuestro desarrollo diferencial, nos ha ofrecido la posibilidad de liderar grupos de trabajo en el ámbito de los Observatorios de Drogas, en algunas actividades, lo cual es un orgullo y también una gran responsabilidad, y nos da la oportunidad de afianzar nuestros métodos, nuestro trabajo y la forma de comunicarlo, para trabajar con países de la región que estaban un paso por detrás en esta materia. Hemos avanzado mucho juntos con estos países en reuniones en diferentes partes de la región, que han sido muy fructíferas.

• Concretamente, ¿cómo ve desde Uruguay el desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana en la región y cómo ha ayudado su país a otros en este ámbito, en el marco de COPOLAD?

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) fue una oportunidad excelente que Uruguay desarrolló tempranamente, quizá porque tenía bien resuelto un paquete de investigaciones y de métodos de funcionamiento que ya estaban consolidados. A través de un espíritu innovador que tiene el equipo del Observatorio, nos propusimos ser vanguardia con estos Sistemas. Uruguay no tenía quizás un gran impacto en Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP); si bien existían, sólo lo hacían en comunidades y entornos muy específicos donde se usaban este tipo de sustancias. Hoy en día, en el que estas sustancias tienen mayor impacto, nos encuentra mejor preparados, porque el SAT se desarrolló cuando el fenómeno era muy incipiente en el país, y nos ha permitido proporcionar muchísima información a los servicios de salud, y recopilar y sistematizar la información sobre NPS que se produce en la región, pero también en Europa, donde esta realidad está bastante más consolidada o ha tenido un desarrollo más importante a lo largo de los años, y generar una red de actores, incluyendo a los laboratorios, no los del ámbito académico, sino también el ámbito forense y policial. Ese trabajo de laboratorios se une a los reportes de los sistemas de salud sobre casos emergentes a nivel clínico de situaciones, asociadas principalmente a intoxicaciones en fiestas nocturnas. Tenemos un ámbito de funcionamiento que es muy fluido y que es aceptado en el ámbito del estado como una referencia a la hora de trabajar sobre este fenómeno. A través de COPOLAD hemos tenido la oportunidad de realizar consultas a otros países como Argentina o Colombia, con los que hablamos continuamente y quienes han dado pasos adelante en este sentido. En el caso de Argentina, además de lazos culturales y geográficos, tenemos millones de turistas cruzando la frontera, sobre todo en verano, y el trabajo binacional es constante y muy positivo, con continuas alertas que cruzamos entre los dos países.

• ¿Qué importancia tiene para Uruguay el proceso de apoyo a la validación de criterios de calidad y base en la evidencia que se viene desarrollando en el marco del programa y en el que su país participa activamente?

Nosotros venimos de un proceso de reafirmación de los servicios sanitarios que abordan la problemática de la salud mental, y en particular, dentro de este terreno, de las adicciones. Hemos aprobado recientemente una ley que reforma el marco, no solamente legal, sino conceptual, en el abordaje de la salud mental y las adicciones, y estamos en un proceso de aplicación de ese nuevo marco legal. Hemos desarrollado una Red nacional de atención y tratamiento en drogas que ofrece servicios en todo el país, de proximidad y comunitaria, pero también de tratamiento de tipo residencial. Hemos tenido que, y decidido, desarrollar un componente evaluación y seguimiento basado en los criterios de calidad que sintetizó COPOLAD en su publicación sobre esta materia, y que es para nosotros la guía que estamos aplicando y que nos ha permitido brindarles una orientación a los profesionales que gestionan estos servicios. Además de mantenerlos motivados, en una tarea que es dura y requiere mucho compromiso profesional y humano, también permite tener una meta en términos de gestión de calidad que es sumamente importante para los profesionales; ellos se lo han tomado con mucho compromiso y motivación, y para nosotros es una forma de rendir cuentas, y que los recursos públicos que estamos aplicando en el sistema de atención y tratamiento se traducen en servicios profesionales y calidad, lo que no ha sido la tónica histórica de este tipo de servicios para los usuarios de drogas, que en el pasado, han estado basados en criterios poco validados científicamente, sin un marco metodológico claro. El hecho de tener un marco unificado, validado y discutido internacionalmente con el resto de países de la región y de la UE, nos sirve como una hoja de ruta, que estamos aplicando.

• Actualmente, desde la SND, se lidera la elaboración de un estudio pionero a nivel regional sobre género y drogas, auspiciado por COPOLAD. ¿Cómo valora la importancia de la transversalización de los temas de género en las políticas públicas de drogas y la participación destacada de Uruguay en la producción de este documento?

Las transformaciones vinculadas al género son de los grandes hitos políticos y culturales del s. XXI. Existe una gran exigencia y que nos autoimponemos como gobierno, pero que también nos reclama y demanda la sociedad, de que las políticas, todas ellas, tengan una perspectiva de género coherente. En la SND hemos asumido un liderazgo en ese sentido; por ejemplo, en el área de tratamiento, hemos estamos viendo cuáles son las barreras de acceso que afectan a la hora de que las mujeres uruguayas tengan un espacio, oportunidades y receptividad adecuada para manifestar sus problemas y preocupaciones relacionados con el consumo de drogas. Nuestros estudios sobre prevalencias en el uso de drogas, nos indican que se han borrado muchas de las barreras en torno al consumo de drogas. Donde antes había algunos consumos que tenían un perfil muy masculinizado, hoy se han eliminado esas barreras, y aunque existe cierta inercia cultural a considerar los problemas de adicciones y consumo de drogas como problemas, mayoritariamente, con un rostro de varón, existe evidencia de que esto no es así. Tenemos que generar las oportunidades de cuidados familiares para que las mujeres que necesitan un tratamiento especializado no tengan que realizar un sacrificio en términos de la vida familiar, o si lo tienen que hacer, que haya políticas que acompañen, y por eso Uruguay ha desarrollado un sistema de cuidados que incorpora la protección y servicios complementarios a la primera infancia. Esto genera más disponibilidad de horas, de tiempo real, para que las mujeres no solo procuren cumplir sus objetivos laborales y profesionales, sino también para que puedan dedicarle más cuidado a su salud y no sólo aparezcan en los servicios como personas que acompañan, ya sea como hijas, hermanas o parejas, a la hora del acceso a un servicio.

En el otro componente afectado, que es el de la justicia penal, tratamos de ver qué está pasando con el rol de las mujeres en los circuitos del tráfico ilegal de drogas. Qué condicionamientos y dinámicas están sucediendo en él, que han empujado a las mujeres a cumplir tareas, sobre todo en el narcomenudeo; en nuestro país hay una dinámica de comercialización de drogas fundamentalmente en casas de familia. En general, son las mujeres las que están presentes cuando hay un allanamiento o cuando la policía llega a incautar, y esto ha generado un incremento del número de mujeres encarceladas por drogas; todo esto requiere de un fuerte compromiso a la hora de desarrollar políticas. Esta inversión que realiza COPOLAD y que nos ha exigido co-liderar el Mecanismo de investigación sobre políticas de género y drogas en toda América Latina y Caribe nos va a proporcionar una muy buena base de información común y análisis sobre estado del arte y los desafíos futuros que tenemos en la materia.

• En un primer balance del camino recorrido por Uruguay en el proceso de regularización del uso legal de la marihuana, ¿qué primeras lecciones aprendidas y retos podría compartir con el resto de países?

Este proceso ha tenido grandes hitos. La aprobación de la ley en el año 2013 convocó a un gran debate social y político en torno a cómo controlar de forma eficiente los mercados de drogas para desplazar la actividad de los grupos de crimen organizado, pero también para proteger la salud de la población. Implicó un sinceramiento muy importante en torno a que el modelo centrado en el provisionismo es un modelo agotado y que no ha podido responder de forma eficaz a los grandes desafíos que tenemos en términos de bienestar y salud pública en torno a las sustancias psicoactivas. Lo que hemos tenido en los últimos años ha sido el desafío de la implementación: en primer lugar, de la comercialización al público de cannabis psicoactivo. Nuestro concepto no es tanto el de la legalización, sino el de la regulación legal; es un pequeño pero importante matiz: implica que existe un fuerte control estatal de los mecanismos de producción y acceso, ya sea por la vía de la comercialización o del autoabastecimiento, que son los dos caminos que se pueden recorrer en nuestro país. Hemos prohibido la promoción comercial, el marketing, y hemos obligado, por otro lado, a una serie de instituciones públicas a redoblar los esfuerzos en términos de advertencias, de trabajo en clave de prevención y promoción de la salud y de acceso a los servicios de salud pública para las personas que usan drogas y que tienen problemas con el consumo.

Lo que ha vivido Uruguay es un proceso que tiene que seguir adelante y que necesita de mayores evaluaciones; pero una primera conclusión nos indica que es un mecanismo eficiente por ambos lados. Por el lado del desplazamiento de la actividad ilícita vinculada a la marihuana, hemos evitado que más de 25 millones de dólares sean capturados por organizaciones del narcotráfico, siendo este el valor económico de la marihuana producida por las tres vías autorizadas legalmente. Por otro lado, hay más de 50.000 usuarios de cannabis que tienen una vía segura de acceso a una sustancia que no tiene contaminación adicional, que son las flores secas de cannabis, con un nivel de psicoactividad intermedio, pero además dispensadas con un mecanismo muy cuidado, en donde cada envase, cada paquete, tiene impreso sus advertencias. Existe un sistema de trazabilidad entre los productores y quienes comercializan, que implica que nosotros conocemos el origen de cada uno de estos paquetes, sabemos quién lo vendió, y, eventualmente, si esto es necesario en el marco de una acción judicial, podemos saber quién lo adquirió, más allá de que hemos dedicado un gran esfuerzo a proteger los datos sensibles y la información privada de las personas que consumen cannabis por estas vías de acceso legal. Ha sido un gran desafío en términos de política pública, por lo que implica de innovación y de desprenderse de un mecanismo que consideramos que no estaba teniendo buenos resultados. Sabemos que buena parte del mundo mira a Uruguay para analizar los resultados de esta política, porque son muchas las comunidades que sienten que el provisionismo está mostrando signos evidentes de agotamiento.

• Tres programas regionales de la Unión Europea (COPOLAD, El PAcCTO y EUROsociAL +) impulsan una actividad inédita sobre medidas alternativas a la privación de libertad esos días en Montevideo. ¿Cuál es la pertinencia de la celebración de la Conferencia en Uruguay en este momento?

En Uruguay el tema de alternativas a prisión llega en un momento muy oportuno porque reformamos el sistema de justicia penal y en los últimos dos años estamos asistiendo a la aplicación de un nuevo código del proceso penal. Esto ha implicado que tanto la Policía, como la Fiscalía nacional, como los juzgados se hayan tenido que adaptar a nuevas posibilidades, pero también a nuevos desafíos. Lamentablemente en Uruguay hay un incremento de los delitos violentos y eso nos interpela a todos los que trabajamos en las políticas públicas, no solo desde las políticas de seguridad y justicia, sino en políticas sociales, de convivencia y acceso a servicios públicos. Hay un gran desafío en ese sentido; Uruguay viene de un proceso histórico de disminución de la pobreza y mejora de la equidad en el acceso al ingreso, muy sustantivo, porque ha estado empujado por un crecimiento de la economía, pero hay expresiones en términos de la fractura social, no solo en lo territorial, sino en valores compartidos y en particular en el fenómeno de la violencia, ya sea de género o asociada a grupos criminales, que nos requiere muchísimo. Uno de los aspectos que tenemos que mejorar es la aplicación de sanciones penales. Por un lado, vivimos en sociedades, como pasa en toda la región, y como han dicho incluso desde Europa, que claman por sanciones más duras para que las personas que han cometido delitos sean encerradas en prisiones, independientemente de la gravedad de estos delitos. Por un lado es entendible que haya una gran la sensibilidad social hacia el reclamo de mayores sanciones, pero quienes gestionamos las políticas públicas en el terreno de la seguridad sabemos que el encierro y la cárcel por sí solos no resuelve el problema, y es necesario trabajar en la inclusión social y en la rehabilitación como un concepto amplio, y validar, desde el punto de vista de los resultados, pero también desde lo cultural, las medidas alternativas como medidas efectivas. Medidas que están acordes a los DDHH y que pueden retribuir a la sociedad en un mejor impacto en la convivencia, a través de la justicia restaurativa en el tratamiento del uso problemático de drogas, como un complemento a la privación de libertad o alternativa a la suspensión condicionada de las penas. Esta es una jornada de mucho aprendizaje y reafirmación de las cosas que pensamos y queremos llevar adelante y de diálogo muy fructífero, con solo con otros países sino con las agencias de cooperación, que por su magnitud han organizado un evento muy importante.

• ¿Cuál es el valor añadido de la cooperación de la Unión Europea para Uruguay y cómo valora el impacto de la actuación de los tres programas anteriores en la política pública de su país?

Por un lado, aguardamos con mucha expectativa la realización de una nueva ronda de programas vinculados a COPOLAD. Hemos hecho nuestras propuestas, creemos que el resultado de lo realizado hasta el momento es muy positivo; los países de la región lo hemos incorporado como parte de nuestras agendas y de nuestras estrategias de trabajo, por lo que estamos interesados en el fortalecimiento de COPOLAD y su proyección de futuro. Sabemos por la contraparte en la seguridad pública que El PAcCTO ha seguido un camino muy similar, que nos ha permitido recibir asistencia técnica y cooperación en áreas que son muy sensibles y a la orden del día para nuestras agencias. EUROsociAL + es un programa con gran diversidad, solo hace falta ver el abanico de intervenciones que realizan, que van desde los abordajes de infancia y adolescencia, pasando por las cuestiones educativas… Creo que lo que tenemos que hacer y lo esta conferencia de alguna forma nos permite, es que tenemos que pensar en intervenciones transversales e integradas entre los tres marcos programáticos. Yo creo que es muy bienvenida la decisión de que las agencias trabajen juntas, esto es un hito para también para las agencias de cooperación. Habitualmente decimos que los problemas son complejos que requieren de soluciones inteligentes, articuladas e integrales. No sería coherente que las agencias actúen de forma inconexa, por lo que pienso que es un desafío que se está cumpliendo muy bien. Para nosotros como contraparte de las agencias, también nos ha insumido en un buen nivel de coordinación a las instituciones en el ámbito de seguridad, agencias de políticas de drogas y el componente de inclusión y cohesión social. Pienso que ésta es la manera adecuada de abordar estos problemas: con inteligencia colectiva, diálogo y mirada integral.