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Este documento busca apoyar la reforma procesal penal que se ha venido dando en la República de Panamá en los últimos años con motivo de la adopción del sistema penal acusatorio, ya que esta nueva forma de administrar justicia requiere nuevas habilidades para que los litigantes (sean fiscales, defensores o querellantes) se manejen adecuadamente en un entorno de audiencias y brinden información de calidad a los jueces quienes a su vez deberán tomar decisiones fundadas en derecho y con apoyo de la jurisprudencia.