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Este documento muestra cómo la privación de libertad por delitos de drogas no violentos es una respuesta errónea e ineficaz, sobre todo porque no tiene en cuenta las causas sociales y psicológicas fundamentales del consumo de drogas, ni considera la marginación económica y social de los actores de bajo nivel en el mercadeo de sustancias. Además, las personas encarceladas son vulnerables, están expuestas a riesgos, en particular a riesgos para la salud, para los que no tienen las herramientas para hacerle frente y no reciben una atención adecuada.

En este informe, los miembros de la Comisión Mundial sobre Políticas de Drogas analizan los últimos treinta años de sobre encarcelamiento en ambientes cerrados, desde las prisiones hasta la detención administrativa de migrantes y el tratamiento obligatorio, hasta los centros de rehabilitación privados. El documento destaca la responsabilidad del Estado hacia las personas que están encarceladas, y demuestra cómo su salud y bienestar están en riesgo.