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La política de drogas de Uruguay se basa en los principios de los derechos humanos, la salud pública, y el género. La política prevé el uso de un Fondo de Bienes Decomisados para apoyar programas con una perspectiva de género gestionados por el gobierno y algunos ONG, y centrados en la prevención, el tratamiento, la reducción de daños, y la reinserción social. Estos diversos programas han logrado reducir las tasas de reincidencia, de dependencia de drogas, y de desempleo entre mujeres que han salido de prisión.